En medio de un clima estival, que ya trae aromas a carnaval, hubo un quiebre en el aparentemente apacible verano jujeño. A meses de la noticia de la aparición de Gloria y Celeste (que curiosamente se dio días después del vergonzoso y repudiable fallo de la justicia tucumana, que absolvió a todxs lxs imputados por la desaparición de Marita), secuestran a una joven estudiante y trabajadora de la capital jujeña. A plena luz del día, en una zona céntrica, con total impunidad.
El relato
Nuria salió de su casa a las 18, aproximadamente, camino al Hospital San Roque, cerca del Puente Gorriti (que conecta al casco céntrico; y a escasa distancia de la casa de Gobierno y la plaza central), cuando se percató de que un auto negro de vidrios polarizados la venía siguiendo. Mandó un mensaje de texto a su novio, comentándole del hecho, pidiéndole que la esperara; “el no llegó, fue todo tan rápido” declaró después. A las 20.30 logró mandar un nuevo mensaje; esta vez a su madre, avisando que la secuestraron y pidiendo que la buscaran. La osadía le costó varios golpes y que la sedaran.
Hasta aquí no hay otra historia, no hay dobles versiones; solo un poco más de lo mismo: las mujeres trabajadoras pobres y/o estudiantes, junto a niñas y niños somos el blanco principal. Nuestra ausencia “no se nota” en los medios, en las comisarías o en los juzgados; somos fuente inagotable de un mercado en el que la demanda no cesa. Nuestros cuerpos -objetivizados por el sistema capitalista, que ha hecho del ser humano una mercancía más para el consumo de empresarios que nos usan como mano de obra barata o productos que vender en pos de satisfacer necesidades- sino son explotados y precarizados por el Estado, alguna finca o casa de familia; son captados, magullados y devorados por las redes de trata y prostitución; por el esclavismo, por el tráfico de bebés…
Pero…¿Y el Estado? ¿Y la policía?
Pero Nuria apareció y surgieron las divergencias. Los medios hablan de cómo la Policía y la Gendarmería la buscaron, de operativos de rastrillaje y de localización por GPS: la localizaron por su celular; y también de cómo los fiscales de San Pedro y San Salvador están actuando. Antes de su aparición la carátula del caso era fuga de hogar. No se modificó hasta el momento en el que “fue encontrada”.
Es llamativa la rapidez de las fuerzas represivas ante un caso de estas características. El despliegue de medidas que hubo cerrando las fronteras para impedir que sacaran a la joven de la provincia, resulta poco creíble en una provincia en la cual dos adolescentes desaparecieron y fueron encontradas recién meses después en Bolivia (!). Una provincia que mantiene al joven Ariel desaparecido; la misma que en más de una ocasión fue denunciada por ser zona de paso de las redes de trata que operan en la zona de Tucumán y La Rioja.
Entonces surge, brota, rebalsa la duda. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Es que han avanzado estas instituciones en garantizar nuestra seguridad? ¿Debemos confiar en la policía y la justicia? La respuesta es simple NO. No se trata aquí de una mejoría en el accionar policial y de las demás fuerzas (como gendarmería) o del sistema judicial.
Pero para entender mejor, pasemos a la otra versión.
¿Fuga de hogar?
Mientras Nuria estaba en manos de sus captores, su familia y amigos llenaron las redes sociales con su foto pidiendo que la buscaran. La solidaridad fue inmediata, y la publicación se compartió más de 9000 veces y diferentes medios digitales tomaron la denuncia.
El miércoles a la madrugada, Nuria encontró una comisaria en Libertador General San Martín. Entró y les comunicó a los oficiales que la estaban buscando, pero la policía no le creyó. No les bastaba con verla golpeada y evidentemente desorientada: tuvieron que localizar a su madre para constatar que los relatos de la joven eran ciertos.
Tuvo que acceder a una entrevista televisiva para dejar en claro cómo sucedieron las cosas en realidad. “A mí nadie me encontró, ni la policía, ni la gendarmería. Tuve que caminar mucho para llegar a donde estaba”, relató la joven. El hecho es que esos dos mensajes que pudo enviar, junto a la fuerte presencia de su foto en las redes sociales, desalentó a los captores que la abandonaron en una ruta, cerca de Libertador. Después de encontrarse con su familia y recibir atención médica, la joven tuvo la oportunidad de entrevistarse con el fiscal – ahora viene el período de declaraciones– quién no dudó en insinuarle que lo suyo podría ser “fuga de hogar”. Nuevamente podemos tomar las palabras de Nuria, que expresaba su lógica bronca al sentirse insultada ante la insinuación del fiscal: sintió que le faltaron el respeto, que fue una burla. “Yo tengo mi hija, tengo trabajo, tengo muchas cosas para no querer irme de aquí; nunca me iría sin mi hija” decía entre lágrimas y se preguntaba, ante las cámaras, a cuántas chicas no buscan porque para ellos son “fuga de hogar”.
Algo por qué lucharEsta historia, lejos de ser una excepción, constituye una muestra más del accionar policial y de la justicia. No hay que buscar mucho, para encontrarse con testimonios de mujeres que denuncian que la policía no les quiere tomar las denuncias cuando son víctimas de violencia física, psíquica o sexual por parte de sus parejas o desconocidos (sin mencionar que son muchas más las mujeres que no se animan a denunciar), y de jueces que han dado sentencias más que irrisorias.
Y no debería llamarnos la atención, porque es la misma fuerza que persigue a los jóvenes en los barrios criminalizándolos. Es la maldita policía del gatillo fácil, la que en todo el país es la gran socia de las redes de trata y narcotráfico; la que tortura jóvenes de las barriadas pobres en las comisarías y les arma causas (Emmanuel Carballo) o los obliga a delinquir para ellos (Luciano Arruga) y que persigue a todxs lxs que luchan. Mientras, los jueces, absuelven a los implicados en la desaparición de Marita, a violadores como Pocho Vargas, o a asesinos, como la pareja de Lili Zambrano, que sólo pasó 5 años en prisión (!) después de haberla matado a golpes.
Su objetivo lejos está de “servir y proteger” a quiénes como Nuria somos jóvenes pobres, estudiantes, de barrios populares o trabajadores. Su objetivo es proteger los intereses de grandes empresarios legales e ilegales, y a sus gobiernos lacayos, que desde su lugar en el Estado siguen el mismo fin. Sobran las palabras, pero pongamos unos ejemplos: en junio de 2009 la policía de Fellner mató a 3 compañeros que luchaban por tierra y vivienda en la Ledesma de Blaquier. No hace mucho, el 17 de octubre, mientras el gobernador descorchaba botellas, los vecinos del Barrio Malvinas (especialmente las mujeres y los jóvenes) dieron una dura lucha, de más de siete horas contra la policía que el gobierno de la burguesía puso al servicio de la empresa EJESA para impedir la instalación de una planta contaminante.
Pero no es sólo la policía: el negocio de vender y comprar cuerpos es tan grande (el tercer negocio ilegal más grande del mundo, solo superado por las drogas y las armas) que detrás de un auto con vidrios polarizados, unos secuestradores, algunos policías y jueces “ineficientes” hay todo un entramado que llega al seno del Estado capitalista; es por eso que muchos funcionarios han pasado, pero ninguno termino con esta empresa.
¿Qué hacer?Entonces, ¿qué clase de progresismo pregona Cristina, si mantiene el apoyo y es parte de gobiernos que permiten que los proxenetas y secuestradores sean liberados con total impunidad? Cuando los secuestros y la impunidad aumentan cotidianamente, no podemos comernos el verso del progresismo K.
El caso de Marita, y el de tantas que no tuvieron la “suerte” de Nuria nos muestran una salida superadora: organizarnos. Desde la bronca, desde la necesidad de luchar contra los proxenetas, los negociantes, los empresarios, los capitalistas y la policía; contra la justicia y los gobiernos que los amparan.
